Procuraduría General de la Nación emite Directiva para garantizar derechos de ví
La Procuraduría General de la Nación ha emitido la Directiva 012 de 2025, la cual establece lineamientos claros y de obligatorio cumplimiento con el fin de asegurar el acceso efectivo de las víctimas del conflicto armado al proceso de declaración. Este paso es fundamental para su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y para tener acceso a las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 y sus modificaciones.
Directrices clave de la Directiva
- Se enfatiza a las entidades involucradas, como las personerías municipales y distritales, la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías Regionales, Provinciales y Distritales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la obligatoriedad y permanencia de la toma de declaraciones a víctimas del conflicto armado.
- La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es la única entidad competente para evaluar las circunstancias de los hechos victimizantes, evitando negar declaraciones por supuestas extemporaneidades.
- Se prioriza la atención a personas desplazadas dentro de los tres meses posteriores al evento victimizante para asegurar la Atención Humanitaria Inmediata.
- Se garantiza un enfoque diferencial en el proceso, incluyendo atención con pertinencia étnica, de género y discapacidad, así como la disponibilidad de intérpretes y personal especializado cuando sea requerido.
- En caso de fallas tecnológicas, se deberá completar el Formato Único de Declaración (FUD) en versión física, evitando así la negación de la atención.
Compromisos y responsabilidades institucionales
La Procuraduría reafirma su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para la población víctima del conflicto armado. Los funcionarios encargados deben mantener confidencialidad y trato digno hacia las víctimas, participar en procesos de formación continua y reportar periódicamente las acciones realizadas para superar cualquier barrera identificada.
Con la emisión de esta Directiva, la Procuraduría fortalece su rol en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado, dentro y fuera de Colombia.