Jueza federal bloquea temporalmente deportaciones rápidas de inmigrantes indocu
Una jueza federal ha tomado la decisión de bloquear temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados implementadas por el Gobierno de Donald Trump, a favor de grupos de derechos civiles que argumentan que esta medida viola el debido proceso legal.
Antecedentes
- En enero, Trump restableció la expulsión inmediata de inmigrantes, una política que ya había aplicado durante su primer mandato (2017-2021).
- Esta política permite la deportación rápida de indocumentados que no pueden demostrar haber estado en el país durante al menos dos años consecutivos, sin necesidad de una audiencia previa.
La jueza Jia Cobb, con sede en Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica esta medida, la cual representa un pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump. Cobb plantea que la priorización de la rapidez conducirá inevitablemente a errores en el proceso de deportación.
Denuncia y Resolución
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la organización proinmigrante Make The Road New York, presentaron una denuncia contra la política de deportaciones rápidas, solicitando su bloqueo. La jueza ha accedido a esta petición.
En el dictamen de 48 páginas publicado recientemente, la jueza Cobb no cuestiona la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, la cual se ha utilizado durante mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y recién llegados al país. Sin embargo, se opone a su expansión.
Argumentos Legales
- La jueza Cobb destaca que al aplicar esta política a un amplio grupo de personas que residen en el interior del país y que no han enfrentado previamente un proceso de deportación rápida, el Gobierno debe asegurar un debido proceso legal.
- La denuncia sostiene que la medida viola la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un proceso legal justo, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Cobb agrega que el argumento del Gobierno, al justificar este proceso limitado, resulta sorprendente: afirman que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda y deben aceptar cualquier gracia concedida por el Congreso. La jueza expresa que si esta postura fuera correcta, todos, no solo los no ciudadanos, estaríamos en peligro.
Esta decisión de la jueza federal representa un paso significativo en la protección de los derechos de los inmigrantes indocumentados y en la garantía de un proceso legal justo en el sistema de deportación.