Informe revela irregularidades en campaña presidencial de Gustavo Petro
La investigación realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la campaña que llevó a la presidencia en 2022 a Gustavo Petro, arrojó resultados alarmantes. Según la ponencia presentada al pleno del organismo, se habrían violado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos, equivalentes a unos 870.000 dólares actuales, solicitando sanciones para los responsables.
Repercusiones de la investigación
La ponencia, elaborada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, fue presentada este martes a la sala plena del CNE. Se requiere el voto favorable de seis de los nueve magistrados para su aprobación. Entre las medidas solicitadas se incluyen sanciones administrativas y multas para el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, así como para otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico, por la vulneración al régimen de financiación electoral.
Antecedentes y consecuencias
La investigación, que ha durado dos años, comenzó tras una denuncia anónima en febrero de 2023. En octubre de 2024, el CNE presentó cargos contra la campaña de Petro, alegando que se excedieron los topes de gastos permitidos y se utilizaron fuentes de financiación prohibidas que no fueron declaradas ante el organismo electoral.
Según la ponencia, la campaña de Petro omitió informar al CNE acerca de aportes en la primera vuelta electoral y se señala que en la segunda vuelta también se habría superado el límite de gastos. Estas irregularidades derivaron en la solicitud de multas tanto para los responsables de la campaña como para los partidos involucrados.
Respuesta de Gustavo Petro
Ante estas acusaciones, Gustavo Petro ha manifestado que la decisión del CNE de formular cargos contra su campaña es un intento de vulnerar su fuero presidencial, calificando la situación como un golpe de Estado blando en su contra. En junio pasado, la Corte Constitucional excluyó al Presidente de la investigación, atendiendo a una acción de tutela presentada por él mismo, argumentando que no se le estaba garantizando el debido proceso y que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debería ser la instancia encargada de su investigación debido a su fuero.
En resumen, la investigación del CNE pone en tela de juicio la transparencia y legalidad de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, generando un debate sobre la financiación electoral y la rendición de cuentas en el ámbito político colombiano.