Un intenso debate ha surgido en Colombia a raíz de la presentación del Proyecto

Un intenso debate ha surgido en Colombia a raíz de la presentación del Proyecto de Ley No. 002 de 2025 por parte del Gobierno nacional, el cual busca establecer un tratamiento penal diferenciado para desmantelar y someter a diversas organizaciones al margen de la ley. Bajo el título Por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana, esta propuesta ha generado controversia por la percepción de que ser pillo paga. La ley, según el Gobierno, tiene como objetivo principal la Paz Total, asegurando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿A quiénes se aplica la ley y bajo qué condiciones? Para acceder a estos beneficios, los grupos y sus miembros deben cumplir condiciones estrictas. El proyecto de ley establece un marco de aplicación diferenciado para varios grupos, incluyendo Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), financiadores y colaboradores, así como personas procesadas o condenadas por delitos en el marco de la protesta social. La propuesta se centra en principios clave para la consolidación de la paz, destacando la justicia reducida y la reparación como pilares fundamentales. La controversia se ha centrado en las penas alternativas para crímenes graves, que van desde 2 a 10 años dependiendo del rol y responsabilidad de los involucrados. La ley busca priorizar la reparación colectiva del daño a las víctimas, la restauración del tejido social en los territorios y la contribución a la verdad a través de mecanismos no judiciales. Además, se establecen condiciones estrictas y riesgos de revocatoria para aquellos grupos y miembros que incumplan con los compromisos establecidos. El Gobierno defiende este proyecto como un paso crucial en la estrategia de Paz Total en Colombia, aunque las bajas penas para crímenes graves siguen siendo el punto principal de discordia en el debate público.